A- de 2021

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre.

Encontró la Corte que en este caso sólo se presentó un conflicto aparente de competencia, debido a que el juzgado involucrado decidió tomar las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015 para declararse incompetente y no pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo formulada.

Recuerda la Sala que la precitada norma es una regla de reparto que no desplaza la competencia, pero sí afecta la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección de los derechos fundamentales del accionante, en contravía de lo establecido por la Corporación.

Se precisa igualmente que, a partir del momento en que un despacho judicial avoca el conocimiento de una acción de tutela radica sobre él la competencia para pronunciarse de fondo y no puede suspender el examen que ya había iniciado.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo, para que de forma inmediata continúe el trámite de amparo respectivo y profiera la decisión de fondo a la que haya lugar.

Se hace una advertencia a este despacho para que, en lo sucesivo, se abstenga de suscitar conflictos de competencia con base en las reglas de reparto utilizadas en este caso, en tanto ello desconoce la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional, pone en riesgo la eficacia de los derechos fundamentales y afecta la efectividad de la acción de tutela.